El Estado
Colombiano: ¿Crisis de Modernización o Modernización Incompleta?
Francisco
Leal Buitrago
Aunque el comienzo de la modernización en los países de América Latina,
en particular, y del Tercer Mundo, en general, se presentó antes, el contexto
de su conceptualización contemporánea aparece con los objetivos de desarrollo
del naciente organismo de las Naciones Unidas a raíz de la finalización de la
Segunda Guerra Mundial. Como el modelo deseable era el de los países que habían
experimentado la Revolución Industrial, el concepto de modernización se
subordinó al de desarrollo, suponiendo la meta de la industrialización
capitalista. La modernización implicaba una postura pragmática del capitalismo
industrial, en la cual la antigua ética política secular de la modernidad (que
pretendió la emancipación de la sociedad) fue sustituida por los valores de acumulación
de capital y consumo de los bienes de la industrialización, con aspiraciones
de beneficio común.
Si se tiene en cuenta el tamaño de su territorio, de su población y de
su economía, Colombia llegó retardada al proceso latinoamericano de modernización.
Comenzó pobre y con sus estructuras muy atrasadas, pero pronto recuperó el
tiempo "perdido". Las relaciones sociales derivadas de la producción
y la comercialización del café, las cuales venían en expansión desde el siglo
XIX, sirvieron de base para iniciar un rápido avance hacia la organización
social capitalista en la década de los años veinte.
A pesar de ciertos cambios institucionales, el cuasi-estado del país,
complementado por la Iglesia y el bipartidismo decimonónico, no se adaptó a las
nuevas realidades y sucumbió ante la avalancha de cambios, conflictos y
violencia que en la década de los años cuarenta desataron sectores de la
sociedad como reacción a la modernización. Por eso, el Estado llegó también con
retraso a la modernización, cuyo inicio se acordó ritualmente en 1957, con el
consenso del Frente Nacional.
Los conflictos que emergieron, pusieron a prueba la capacidad política
del Estado en proceso de modernización. Este asumió un papel peligrosamente
ambivalente: procurar la estabilización de los sistemas político y económico
dominantes, a costa de represar las demandas de la pluralidad de fuerzas
sociales configuradas con la modernización. Caminando y multiplicándose con
rapidez, en forma fragmentada y dispersa, pero orientadas por una crisis
política, las fuerzas sociales de una ambigua sociedad civil sitiaron poco a
poco al Estado, a este desafío se enfrenta hoy día el Estado Nacional. Es el
desafío a lo que podría ser una modernización incompleta o un ejemplo del
fracaso de la utopía de bienestar general postulada por el capitalismo y sus
teorías de modernización.
Este ensayo es una interpretación de la formación del Estado capitalista
en Colombia, con su modernización y sus crisis, en un intento de confirmación
de una tesis central. Ella plantea la subordinación, estructural y a largo
plazo, del desarrollo político con respecto al económico, o, en otras palabras,
la adecuación de las relaciones políticas a los objetivos de la acumulación
capitalista. Con racionalidades distintas pero complementarias, los
sistemas político y económico dominantes han mantenido su estabilidad, en
desmedro del avance de las formas económicas subsidiarias y de la estabilidad
de las expresiones políticas subordinadas. El Estado ha sostenido una tendencia
antiintervencionista, tanto en lo económico como en lo político. Pero hay
intervención estatal cuando se pone en peligro la estabilidad de los sistemas
económico y político, o la de los privilegios estamentales precapitalistas que
aún sobreviven. La multiplicación de la violencia ha sido el resultado más
visible del proceso de modernización.
El ensayo se desenvuelve a través de cinco secciones. La primera,
destaca la formación y consolidación del Estado capitalista, centrado en el
cambio de régimen del Frente Nacional, el cual instauró el monopolio de los
partidos Liberal y Conservador en la administración del Estado. La segunda
sección da cuenta del proceso político transcurrido durante el Frente Nacional,
el cual culminó en la coyuntura de 1974 a 1978, que prolongó el monopolio
bipartidista en el control del Estado. La tercera sección identifica las
características del nuevo Estado, una de las cuales, el bloqueo a la
participación política impidió el fortalecimiento estatal. Sobre la base de las
características del nuevo Estado, la cuarta sección avoca el proceso crítico
transcurrido entre 1978 y 1990, que desembocó en una coyuntura similar a la de
la finalización del Frente Nacional, en el sentido de definir la situación
política. La última sección señala los aspectos políticos más destacados de esa
coyuntura hasta el quinto mes de 1991.
1. La
formación del pacto político
Ya bien entrado el siglo XX, un clima de modernización surgió en la
sociedad colombiana tras el súbito aumento de los precios del café en el
mercado internacional al inicio de la década de los años veinte49. La
consecuente monetarización de la economía se apoyaba en los crecientes ingresos
cafeteros, en la llamada indemnización norteamericana por la separación de
Panamá y en los empréstitos externos de esa década. Ello facilitó cierto avance
en la ordenación institucional de un Estado débil suplantado en su función de
cohesión política por la sectaria competencia entre liberales y conservadores.
Sobre estas bases y en medio de los problemas económicos causados por la Gran
Depresión del año 29, se produjo el primer intento de modernización del Estado.
Fue el experimento de la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo a
mediados de los años treinta. En contra de la mayoría de los grupos dominantes,
básicamente terratenientes, exportadores cafeteros y emergentes industriales,
los cuales se unificaron en torno a un proyecto autoritario contra la intervención
que frenó la mayor parte de reformas, se logró un avance hacia la autonomía
económica, la liberalización y la secularización del Estado50.
Una década más adelante, tras otro repentino aumento de los precios
internacionales del café por la culminación de la Segunda Guerra Mundial,
irrumpió definitivamente la modernización social51. Sobrevino de manera
arrolladora, impulsando distintos frentes que se encontraban en curso en una
sociedad regionalizada, fragmentada, atrasada, rural y parroquial. Esos frentes
eran el comercio de exportación e importación, la industrialización y la urbanización,
la descomposición campesina y la proletarización. Los cambios estructurales que
irrumpieron con la modernización pronto encontrarán la vía del desborde
violento de los conflictos52. Esto ocurrió debido a la incipiente formación de
la sociedad civil, a la falta de unificación de las clases dominantes y, más
que todo, a la carencia de un Estado con capacidad para ejercer mínimamente las
funciones de conducción política institucionalizada con participación
ciudadana.
De esta manera, con un cuasi-estado que se derrumbaba en sus
instituciones53, se traspasó la línea del medio siglo, ensangrentándola por la
violencia que se canalizaba a través de la competencia entre los dos partidos,
orquestada por sus jefes nacionales. Fue la trágica celebración de una
centuria de existencia de dos colectividades que, más que partidos, eran
intransigentes subculturas políticas. Pero la competencia partidista por el
escaso botín burocrático se presentaba en una sociedad en plena ebullición, que
transformaba con rapidez su organización. Una sociedad con suficiente
diversificación como para conservar sin grandes desajustes un bipartidismo
manejado oligárquicamente. El bipartidismo buscaba copar, con el uso de burdas
herramientas represivas de un estado artesanal, las mentes de nuevos estratos
sociales con la vieja ideología de matrícula sectaria a uno y otro bando.
Estaba incapacitado para redefinir, modernamente, sus labores de administrador
político de una sociedad apabullante que lo desbordaba.
Pero, a pesar de las demandas de la sociedad para canalizar sus
desbordes, no existían condiciones sociales ni políticas para remodelar el
Estado. Los dirigentes del bipartidismo se confundían con el Estado, como
expresión del prolongado ejercicio de un poder oligárquico, vertical y
omnímodo. Se pensó redefinir el Estado con un proyecto de reforma de la
constitución de corte corporativo, adelantado entre los años 52 y 53 por la
dictadura civil inspirada por Laureano Gómez. El proyecto pretendió cambiar el
Estado desde arriba para sacar adelante un solo partido, el conservador,
contra el grueso de la vieja dirigencia bipartidista y las nuevas fuerzas
sociales54. El efecto fue el golpe militar del 13 de junio de 1953,
propiciado por una amplia coalición bipartidista, práctica usada en los
momentos críticos. El gobierno militar dio una pausa de paz para meditar sobre
el tipo de estado requerido por un país que llenaba aceleradamente de
campesinos, grupos medios rurales y nuevas capas sociales sus numerosas
ciudades.
La solución surgió tras la reanudación de la violencia y la utópica
ambición del General Rojas Pinilla de sustituir a un bipartidismo pujante y
conflictivo. La fórmula salvadora del Frente Nacional fue el producto de una
confrontación de poderes, en la que los jefes del bipartidismo, la dirigencia
oligárquica55, hicieron uso excepcional, en 1957, del recurso de movilización
social representado en el denominado Frente Civil. Se llegó a una coalición
política que, como nunca antes, prometía ser duradera56. Era el cambio, a
fondo, de la vieja lógica política de exclusión burocrática del partido
contrario al de gobierno, de la rivalidad en el arbitrario manejo de un escaso
botín presupuestal, del recurso de control social basado en la identidad
sectaria entre campesinos y hacendados divididos verticalmente por las divisas
partidistas azul y roja. Era el amanecer de una sociedad diferente, que
presagiaba mayores cambios y que integraba, por vez primera, amplios estratos
medios y sectores variados de la población en una decisión trascendental: el
pacto político del Frente Nacional.
Como pacto político de mayorías, el Frente Nacional, formu-lado en la
Reforma Constitucional, el Frente Nacional de 1957, fue el primero en la
historia nacional. Antes de ese acontecimiento, es difícil hablar de
"voluntad de las mayorías". Sus efectos crearon el Estado
capitalista. Anteriormente, hubo avances para colocar al Estado al servicio de
la emergente organización capitalista, particularmente en el año 36 con la
"Revolución en Marcha" del presidente López Pumarejo, y amagos en
1953 con el proyecto reaccionario de reforma constitucional durante la
dictadura civil de Laureano Gómez. Ninguno de los dos experimentos fue
completo, principalmente por el atraso de la sociedad, en el primer caso, y por
la falta de unidad política de los grupos dominantes y la ausencia de
participación social, en ambas situaciones.
Las condiciones adversas variaron rápidamente desde 1953, gracias a la
crisis política generada por la violencia, al temor de su efecto negativo sobre
la estabilidad de la economía y a las contradicciones del fallido experimento
de solución con el gobierno militar. Pronto se removieron los obstáculos y se
aprovecharon las condiciones favorables para el cambio institucional. Se
derivaban de la expansión de las relaciones sociales capitalistas. En estas
condiciones, el objetivo de los que promovieron el pacto fue articular un
sistema de instituciones estatales que respondiera a las exigencias de una
sociedad en proceso de modernización acelerada. Pero ésta avanzaba de manera
caótica, debido al arraigo de privilegios estamentales de las clases
dominantes, los cuales se confrontaban con la falta de regulación política de
las relaciones de poder de las emergentes capas sociales.
A pesar de la trascendencia que tuvo, el proyecto nacional de
redefinición del Estado y el sistema político no buscó más allá del
apaciguamiento de la política bipartidista y el sometimiento de los militares
con el fin de restablecer el control político de la sociedad. Ambos objetivos
eran necesarios, aunque no suficientes, para enfrentar con éxito los desajustes
sociales provocados por el avance del capitalismo. Así mismo, los forjadores
del proyecto supusieron, erradamente, por causa de la preponderancia del poder
oligárquico a través del bipartidismo, que este último llenaba con creces todas
las expectativas de participación de la población, por tal razón, ubicaron a
los partidos, mancomuna-damente, como garantes y administradores únicos de un
proceso que imaginaban sin mayores conflictos y, por tanto, con capacidad de
remodelar las instituciones de acuerdo con los cambios que ocurrían.
Hasta ese momento, la política, como ejercicio del poder público, estaba
monopolizada por el bipartidismo que copaba todos los espacios de la incipiente
sociedad civil. Eso había sido posible gracias a que los partidos sustituían
funciones de un Estado precapitalista y débil. El atraso de la sociedad, la
predominante bipolaridad de clases (terratenientes y campesinos), la tradición
autoritaria de una clase latifundista y la subordinación pasiva de las mayorías
que ello conllevaba, hacían aparecer a las sectarias subculturas políticas
liberal y conservadora como detentadoras de una acogida supuestamente
nacional. Aunque en forma acelerada, la Nación apenas estaba en proceso de
configuración. En estas condiciones, en la fórmula del pacto político se incluyó,
arrogantemente, como natural, el monopolio bipartidista en el ejercicio del
poder.
Sin embargo, el pacto político de mayorías del Frente Nacional ocultaba
el trasfondo de lo que lo facilitó: un fructífero crecimiento de la economía y
una unidad de propósitos de las emergentes burguesías con los viejos
latifundistas, para salvaguardar tanto el antiguo orden patrimonial como los
generosos resultados de la exportación cafetera y la producción industrial 57.
Esos propósitos se habían plasmado a mediados de los años treinta, cuando, por
diferentes vertientes, habían enfrentado al "peligro bolchevique",
calificativo dado al reformismo de la Revolución en Marcha. Tal unidad de
propósitos no había podido concretarse políticamente debido al arraigo del
bipartidismo que dividía abruptamente el poder público oligárquico.
Este era el precio que había pagado un cimentado logro en el control
social de la población hecho posible por el sectarismo. Por eso, luego del
experimento del gobierno militar y el resurgimiento de la violencia, se
necesitaba modernizar y fortalecer el Estado para apaciguar los ánimos, tanto
del pueblo como de los jefes políticos, y, a partir de ahí, permitir con el
apoyo institucional la prolongación del nuevo y exitoso modelo de desarrollo.
La continuidad de la política económica durante el Frente Nacional fue la
corroboración de un modelo balanceado, sin posiciones extremas, que buscó un
equilibrio a toda costa entre crecimiento e inflación.
Sobre esta base, se construyó la nueva funcionalidad de las
instituciones estatales, en un intento de encauzar los conflictos sociales, con
la tácita supervisión de la dirigencia oligárquica bipartidista que pretendía
de esta manera continuar como árbitro supremo de la sociedad. Se desconocían
así las realidades de una sociedad en rápido proceso de diversificación social,
con nuevas clases y grupos de intereses, y, por tanto, con una variedad de
fuentes de poder. La nueva vida política requería un manejo abierto,
democrático, que eliminara no solamente el viejo sectarismo partidista y los
privilegios estamentales, sino que impidiera el surgimiento de conductas
colectivas de intransigencia política.
Los dieciséis años de ejercicio constitucional del Frente Nacional, de
1958 a 1974, cimentaron en el Estado y en el sistema político algunas
características estructurales especiales, junto con el cumplimiento de los
objetivos iniciales de su proyecto nacional (apaciguamiento de la competencia
bipartidista y control del ensayo de autonomía militar) y con los efectos que
provocó la ausencia de una proyección democrática. La modernización del aparato
estatal y la estabilización de la economía dominante fueron las características
de más rápido desarrollo. Pero el monopolio político y el usufructo estatal del
bipartidismo fue lo que tuvo mayor incidencia. Contrastaba con su
debilitamiento acelerado por la pérdida del sectarismo y, sobre todo, con su
falta de representatividad en los numerosos sectores surgidos de la
diversificación social. Esto produjo serios desbalances que dieron al traste
con la necesaria fortaleza política que requería el Estado para controlar la
pluralidad de la sociedad. La debilidad estatal se reflejó en el recurso
oficial de la represión, cada vez que surgían posiciones críticas al sistema.
El objetivo de modernización de la burocracia le dio el perfil a las
instituciones de un Estado capitalista resultante del primer consenso con
ribetes de proyecto político nacional. Hasta el pacto político, la distribución
tradicional de los niveles nacional, departamental y municipal en las tres
ramas del poder público cubría todo el escenario burocrático. Además, estos
dos últimos superaban en número de funcionarios al nivel central o nacional.
El conjunto era modesto en volumen y crecimiento, pues escasamente llegaba a
los 130.000 empleados públicos en 195758. Por efecto de la nueva organización
se invirtieron las tendencias de crecimiento burocrático. Se inició un aumento
sostenido del nivel central que superó, entrada la década de los años setenta,
a los dos restantes. Fuera de ello, la expansión del conjunto se aceleró
significativamente. Ya en el año 72 el número de funcionarios públicos se
acercaba al medio millón y 15 años más tarde al millón59. La ampliación del
sistema educativo tuvo gran peso en el proceso.
Pero el crecimiento burocrático no fue solamente cuantitativo, también
se presentó diversificación. Paralelamente a la organización tradicional que
se amplió con una serie de departamentos administrativos aparte de las áreas
electoral, fiscalizadora, y de control, emergió un sector denominado
paraestatal o de organismos descentralizados. Estos se establecieron más que
todo en el nivel nacional, pero también aparecieron en los otros dos niveles.
En pocos años entraron a competir en volumen de presupuesto y de personal con
el esquema tradicional60. Las decenas de establecimientos públicos, las
empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía
mixta completaron el panorama de un complejo aparato burocrático con visos de
gran modernidad, pero enredado en su organigrama y sus funciones. Tal
complejidad iría a trascender más adelante, al ser usada de manera clientelista
en beneficio de la reproducción bipartidista y la corrupción, y en detrimento
de la eficiencia administrativa para la que la modernización supuestamente se
había establecido61.
La modernización de las instituciones del Estado fue funcional a la
necesidad de abrir nuevos espacios sociales y ocupacionales para las nuevas
clases, producto del desarrollo del capitalismo. La expansión del gasto
público, especialmente del gasto social, fue el soporte y complemento del
crecimiento institucional. Del 19 por ciento del gasto público en que habían
permanecido hasta mediados de la década de los años cincuenta, los gastos
sociales alcanzaron el 32 por ciento en 1978, dentro de un expansivo
presupuesto nacional62. De esta manera, la proliferación de estratos,
principalmente de las nuevas clases medias, encontró la más importante forma de
acomodo en la sociedad. Fue la más efectiva válvula de escape para la
inestabilidad social, producto de los cambios estructurales y la violencia.
Pero este apoyo para la continuidad de las formas de dominación no correspondió
con el que se requería para el fortalecimiento político del Estado. El proceso
que se desató con posterioridad a la finalización de la alternación
presidencial, en 1974, dio al traste con esa necesidad.
La segunda característica que cimentó el ejercicio del Frente Nacional
fue la institucionalización de la estabilidad económica alcanzada de hecho con
anterioridad. La estabilidad política buscó su contraparte en el manejo de la
economía. Sobre la base de las exigencias de racionalidad en el manejo
económico por parte de los organismos multilaterales de crédito, como el Banco
Mundial y el Banco Interamericano, el primer gobierno frentenacionalista creó
el Departamento Nacional de Planeación. Pero la innovación mayor se presentó en
el siguiente gobierno. Consistió en el paso del control monetario a manos
exclusivamente oficiales a través de una Junta Monetaria de carácter técnico.
El monopolio de emisión permaneció en el Banco de la República, una entidad
mixta. Se creó, además, el Consejo Nacional de Política Económica y Social,
Conpes, como control técnico-político de las decisiones del Ejecutivo. Se
planteaba, así, la posibilidad de separar las políticas partidista y económica,
aunque el ejercicio en materia de política económica dependía en buena medida
de las decisiones del Ejecutivo y el Legislativo.
La separación de políticas vino a hacerse efectiva a raíz de la
necesidad de enfrentar la crisis externa que afrontaba el Estado por causa de
la expansión fiscal con que se impulsó inicialmente el reformismo del Frente
Nacional. La solución se adelantó durante el tercer gobierno del Frente
Nacional, el de Carlos Lleras Restrepo, entre 1966 y 1970. La visión política y
el ejercicio tecnocrático de este gobierno quedaron materializados en los
resultados que, para el fin que se discute, proporcionó la Reforma
Constitucional de 1968 y otras medidas entre las que sobresale el Decreto 444
de 1967, el cual unificó y permitió la regulación de la tasa de cambio
internacional y del control de los flujos de capital.
La reforma Constitucional, aprobada finalmente por el Congreso gracias a
las prebendas económicas y gremiales que le brindó el Ejecutivo, le quitó la
tentación al Legislativo de mezclar la política partidista con la política
económica. La Reforma le restó al Congreso iniciativa legislativa y lo limitó
en el manejo de los asuntos económicos. En el Ejecutivo quedó la responsabilidad
del gasto público y la tributación, aparte de que podía legislar
transitoriamente a través de la novedosa medida de declarar la "emergencia
económica" (artículo 122) cuando la perturbación del orden no fuese de
carácter político sino económico. Algo así como un "estado de sitio
económico". Se despolitizó al Congreso, en el sentido de minimizarle sus
funciones institucionales, y la autocracia del Ejecutivo quedó disimulada con
el creciente control que, a partir de allí, adquirieron los Congresistas sobre
los mecanismos de reproducción del sistema político a medida que su labor se
hizo acentuadamente gremial.
La estructura estatal que se desarrolló hubiera sido difícil de lograr
de no existir una coincidencia previa de principios en los grupos dominantes
estratégicos, como se mencionó. Después de detener las reformas de la
Revolución en Marcha, la integración de intereses económicos hizo posible el
nacimiento del Frente Nacional y permitió alcanzar la continuidad en el manejo
de la política económica. La integración se amplió con la creación progresiva
de gremios empresariales, como expresión de la organización social del
capitalismo. Fue una defensa frente al avance de la intervención del Estado en
la economía; una forma de volcar la intervención a su favor. Por ello, el
desarrollo gremial se dio en forma paralela con el avance intervencionista63.
Una especie de corporativismo en la sombra que, si bien tiene fisuras y
tendencias varias, no transige sobre sus principios fundamentales64. Por esta
razón de peso, el Estado nacido del Frente Nacional ha fracasado en las
reformas cuando sus gobiernos han intentado salirse de la línea predeterminada
por la integración de los intereses dominantes. El Estado ha tendido hacia su
privatización, al defender no sólo privilegios modernos sino premodernos.
En Colombia no han tenido cabida los "extremismos" en materia
de política económica y los gobiernos contemporáneos no se han alejado del
"centrismo" ideológico. No han existido, en el sentido estricto de la
palabra, modelos de desarrollo, ni modas proteccionistas o neoliberales,
estructuralistas o monetaristas. La pauta ha sido una práctica combinación de
líneas medias, entre sustitución de importaciones y promoción de exportaciones,
entre un poco más y un poco menos de aranceles, entre incentivos y
restricciones a la actividad privada, y entre inercia estructuralista cepalina
y monetarismo de organismos internacionales.
En el país no han tenido éxito las políticas sociales o económicas que
han buscado romper con los patrones de concentración de capital e ingreso que
le dan continuidad a la acumulación sostenida de capital y a los privilegios
terratenientes. El ejemplo más sobresaliente es el del fracaso de la Reforma
Agraria promulgada en 1961 dentro del espíritu cepalino y el ímpetu reformista
inicial del Frente Nacional. Ella se frenó especialmente con la incapacidad
gubernamental de canalizar las inquietudes de la Asociación Nacional de
Usuarios Campesinos, ANUC, fundada por el gobierno en 1969, con el
complementario acuerdo de Chicoral entre gobierno y terratenientes en 1972, y
con las Leyes 4ª y 5ª de 1973 y 6ª de 1975 que legalizaron la contrarreforma
agraria65.
Aparte de la frustrada Reforma Agraria y una tenue política
redistributiva al inicio del Frente Nacional, solamente hubo un intento débil
de redistribución del ingreso durante el gobierno del presidente Barco. Por
eso, la redistribución del ingreso entre las varias clases y capas sociales que
han emergido ha sido más por obra y gracia del remolino de los cambios
estructurales producidos por la modernización y la consecuente dificultad en la
estabilización social que por las políticas programadas para tal fin. Ha sido
más una redistribución por causa de la aparición de nuevas capas sociales que
por la pérdida de unas a favor de otras. El ensanche del sistema educativo ha
sido casi el único factor redistributivo. Como lo muestran distintos estudios,
la distribución del ingreso continúa como una de las más concentradas de
América Latina, y lo sería más si se tuvieran en cuenta las rentas de capital y
la propiedad territorial, sobre todo la rural66.
La misma estructura tributaria del Estado se contrapone a las políticas
sociales redistributivas. Sólo desde 1935 el Estado pudo organizar un sistema
de tributación directa. Con la modernización estatal se abrieron nuevamente
las puertas a la tributación indirecta que había reducido su importancia. En
1965 se inició el recaudo por impuesto a las ventas y en la década siguiente
su valor sobrepasó al de la tributación directa. La sofisticación posterior, y
gran número de pequeños impuestos, han colocado a la tributación indirecta y a
su carácter indiscriminado como la fuente principal de los recursos ordinarios
del Estado institucional. La resistencia a la redistribución económica se ha
reflejado también en las periódicas amnistías y reformas tributarias (1960,
1967, 1974, 1983 y 1986).
Además, la concentración de la riqueza y el ingreso guardan relación
con el problema del desbalance regional en la modernización social. El sistema
institucional del Estado es un reflejo del desarrollo desigual acentuado con el
Frente Nacional. El carácter centralista del sistema67 provocó un abultamiento
de recursos en las entidades ubicadas en los mayores centros urbanos. El
deterioro progresivo de la administración local dejó en la miseria fiscal a la
inmensa mayoría de los municipios, situación agravada por la crisis del
bipartidismo. Un mecanismo de compensación utilizado para contrarrestar el
centralismo de la Reforma del 68 fue el llamado situado fiscal, el cual
garantiza la cesión a los municipios de una parte de los ingresos nacionales
por impuesto a las ventas68. Aunque posteriormente se amplió la participación
durante el gobierno del presidente Betancur con la llamada descentralización
del Estado, de ninguna manera soluciona el creciente desequilibrio en el
desarrollo regional que, en el fondo, es un subproducto del crecimiento mismo
del capitalismo.
Bibliográfica.
Análisis político. Esta revista, del Instituto de Estudios Políticos y
Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, sale cada cuatro meses
desde 1987. Los 13 números publicados hasta el presente contienen la mejor
colección de ensayos sobre política en el país.
ARRIETA, Carlos G. y otros, Narcotráfico en Colombia, Bogotá, Tercer
Mundo Editores-Ediciones Uniandes, 1990. Libro útil para apreciar las
diferentes dimensiones sociales del problema del narcotráfico.
GALLON, Giraldo, Gustavo (compilador), Entre movimientos y caudillos:
50 años de bipartidismo, izquierda y alternativas populares en Colombia,
Bogotá, CINEP-CEREC, 1989. La publicación presenta una visión general sobre las
principales experiencias políticas alternativas contemporáneas.
