La Constitución Política
de Colombia de 1991 nos dio, a todos los ciudadanos, la posibilidad
de participar e intervenir activamente en el
control de la gestión pública. Al mismo tiempo, determinó la
forma como los ciudadanos participamos en la planeación, el
seguimiento y la vigilancia de los resultados
de la gestión estatal.
Preámbulo de la Constitución “El pueblo
de Colombia, en ejercicio de su poder soberano,
representado por sus Delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente,
invocando la
protección de Dios, y con el fin de fortalecer la
unidad de la nación y asegurar a sus
integrantes la vida, convivencia, el trabajo, la
justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la
paz, dentro de un marco jurídico, democrático
y participativo que garantice un orden político, económico y
social justo, y comprometido a impulsar la
integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga
la siguiente Constitución Política de Colombia”.
En el artículo 270
Nos faculta como ciudadanos
para que intervengamos activamente en el
control de la gestión pública. Artículo 270
“La ley organizará las formas y los sistemas de
participación ciudadana que permitan vigilar la
gestión pública que se cumpla en los diversos niveles
administrativos y sus resultados”. En el Ministerio de Educación Nacional
estamos comprometidos con estos lineamientos constitucionales. Para
dar cumplimiento a este mandato y garantizar el
control social, presentamos algunos conceptos sobre la participación y
su significado como esencia de la democracia.
Así mismo, pretendemos que los mecanismos
de participación presentados se conviertan en una
herramienta ágil y sencilla que le permita a usted
como ciudadano ejercer sus derechos.
La participación es un proceso social
Ésta resulta de la acción
intencionada de individuos y grupos en busca de metas
específicas; en función de intereses diversos y en el
contexto de tramas concretas de relaciones sociales y relaciones
de poder. La participación es un proceso
“en el que distintas fuerzas sociales, en función de
sus respectivos intereses, intervienen directamente o
por medio de sus representantes en la marcha
de la vida colectiva con el fin de
mantener, reformar o transformar los sistemas vigentes de
la organización social y política”.
La participación la ejercen los ciudadanos
La participación
ciudadana es ejercida por todos nosotros, porque somos
poseedores de derechos y deberes, que actuamos en
función de unos intereses sociales generales (Educación,
salud, vivienda, medio ambiente, etc.), o colectivos
(asociaciones de consumidores, gremios, sindicatos, etc.).
Este tipo de participación, aunque no tenga vinculación
directa con los partidos políticos, sí tiene que ver
mucho con el Estado, cuando se trata de una
intervención en el campo de lo público, es decir,
en asuntos de interés general y del bien común.
Tenemos derecho a hacer control social
Usted como ciudadano tiene el
derecho y el deber de
hacer control Social. Éste (el control social)
permite prevenir, racionalizar, proponer, acompañar,
sancionar, vigilar y controlar la gestión pública, sus resultados y
la prestación de los servicios públicos suministrados
por el Estado y los particulares,
garantizando la gestión al servicio de
la comunidad.
Todos somos sujetos de la Participación Los sujetos de
la participación somos las personas que hacemos uso de
mecanismos formales y no formales para intervenir en la
formulación de políticas públicas. Es decir, somos los
protagonistas de la participación
ciudadana como miembros de distintas instancias.
Existen dos categorías de agentes participativos. De un
lado, los que actúan como representantes de sectores
específicos, tales como las Juntas Administradoras Locales, los
Concejos Municipales, entre otros.
La segunda categoría, es la de ciudadanos y
ciudadanas, como ustedes, que directamente intervienen en
escenarios públicos para informarse, opinar, presentar
iniciativas, fiscalizar la gestión pública o tomar
decisiones. En este caso se trata de
participación directa, como por ejemplo, foros educativos
municipales, audiencias públicas, etc.
La ruta legal de la Participación Son varias las
normas, empezando por la Constitución Política, las que
nos facultan a los ciudadanos para que hagamos uso de los
derechos y deberes y ejerzamos la participación en los diversos niveles
del Estado. Antecedentes legales de la Participación
Constitución Política de 1991 Ley
734 de 2002, Nuevo Código Único Disciplinario
Ley 962 de 2005, Ley Antitrámites Ley
850 de 2003, por medio de la
cual se reglamentan las Veedurías Ciudadanas Ley 689 de
2001, por la cual se modifica parcialmente la ley 142
de 1994, ley de Servicios Públicos Domiciliarios. Ley
489 de 1998, Sistema de Desarrollo Administrativo
Ley 472 de 1998, sobre las Acciones Populares y
de Grupos Ley
393 de 1997, Acción de Cumplimiento Ley
80 de 1993, sobre Contratación Ley 1150 de
2007, modifica la ley 80 de 1993 – contratación
estatal. Ley 134 de 1994, por la cual se dictan
normas sobre Mecanismos de Participación Ciudadana Ley
142 de 1994, ley de Servicios Públicos Domiciliarios Ley
152 de 1994, ley Orgánica del Plan de Desarrollo
ley de Planeación Participativa Ley
87 de 1993, de Control Interno Ley
190 de 1995, Estatuto Anticorrupción
Decreto 2232 de 1995, reglamentario de la ley 190 de 1995
Decreto 1429 de 1995, reglamentario de la ley 142 de 1994
Decreto 2591 de 1991, por medio del cual se
desarrolla el artículo 86 de la Constitución
Política sobre la Acción de Tutela Decreto
306 de 1992, por medio del cual se desarrolla el
artículo 86 de la Constitución
Política sobre la Acción de Tutela Decreto
1382 de 2000, por medio del cual se desarrolla el
artículo 86 de la Constitución
Política sobre la Acción de Tutela
Directiva Presidencial No. 10 de 2002, para
que la comunidad en general realice una eficiente participación
y control social a la gestión administrativa.
Así mismo, existen algunos mecanismos, instancias o
herramientas para ejercer el control social.
El Derecho de Petición
La Constitución nos faculta a los ciudadanos
para que presentemos peticiones a las autoridades y ante
organizaciones privadas. Este derecho se puede ejercer
cuando lo que estamos preguntando o
solicitando nos interesa en forma particular o a
todos los ciudadanos. Lo más
interesante de este derecho es que
la autoridad o la organización privada debe responder muy rápidamente.
Artículo 23 Toda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de
interés general o particular y a obtener pronta resolución.
El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales.
Características del Derecho de Petición Los ciudadanos
debemos tener en cuenta que el Derecho de Petición es
fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de
la democracia participativa. Además, porque
mediante éste se garantizan otros derechos constitucionales,
como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de
expresión. De igual manera, es importante
que usted como ciudadano sepa que el núcleo esencial del
derecho de petición está en la pronta y
oportuna respuesta de la
cuestión. De nada le serviría la posibilidad
de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido
de lo que decidió. No olvide que el
Derecho de Petición puede ser en interés
general, en interés particular, de
información y de consulta. Términos para resolver un Derecho de Petición en el MEN
Teniendo en cuenta la clase de petición que usted haga,
ésta deberá ser resuelta dentro de los siguientes
plazos:
Peticiones de interés general o particular.
Dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la fechas de su radicación.
Consultas. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a
la fecha de su radicación.
Peticiones que se realicen con el propósito de consultar u obtener
documentos que reposen en los archivos de
la entidad. Dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la fecha de su radicación. El
Ministerio de Educación Nacional reglamentó
la aplicación del Derecho de petición a través de
la Resolución No. 864 de 2001. Para ver el
contenido completo pulse aquí.
Usted tiene que saber que la respuesta a
su derecho de petición debe cumplir con estos requisitos:
Oportunidad Debe resolverse de fondo, en forma
clara, precisa y de manera congruente
con lo solicitado
La respuesta se debe poner en conocimiento del peticionario.
Si no se cumple con estos requisitos se incurre
en una vulneración de su
derecho constitucional fundamental de petición.
Usted puede formular el derecho de petición de
manera escrita o verbal en la sección
de Atención al Ciudadano y de manera virtual a
través de la página Web del Ministerio en la siguiente dirección:
www.mineducacion.gov.co Cuando usted formule un derecho
de petición de manera Escrita o virtual, éste
deberá contener por lo menos:
La designación de la autoridad a la que
se dirige Sus nombres y apellidos completos, como
solicitante y de su
representante o apoderado, cuando sea del
caso, con indicación de su
documento de identidad y su dirección.
Objeto de su petición. Las razones en
que usted se apoya
La relación de documentos que acompañan
su derecho de petición Su firma como peticionario, cuando fuere el
caso. Tenga en cuenta el tiempo que tiene el
Ministerio para resolverle o contestarle
su derecho de petición. Cuando para el
Ministerio no le sea posible resolver
o contestar su petición en el plazo
determinado, éste deberá informarle y expresarle los motivos
de la demora y señalarle a la
vez la fecha en que
se resolverá o le dará respuesta. Cuando
usted lo formule de manera verbal, y
afirma no saber o no poder escribir y pide una
constancia de haberlo presentado, el funcionario deberá
expedírsela. Recuerde que cuando su petición
sea de forma verbal, la decisión podrá
tomarse y comunicársele de la misma manera.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, el Derecho de
Petición conlleva a las siguientes
obligaciones para la Entidad: Contestar de una
manera adecuada, es decir, con integridad y correspondencia
Responder de una manera efectiva para la solución
del caso que se plantea. Efectuar la comunicación
de un modo oportuno. Usted puede presentar
sus Derechos de Petición a través de:
Correo, a la Calle 43 No. 57 – 14, CAN, Bogotá D.C.
Telefax: 2220206 www.mineducacion.gov.co
en la Sección de Atención al Ciudadano.
Quejas ante el MEN Artículo 81 El artículo 81
de la ley Antitrámites (Ley 962 de 2005) indica que
“Ninguna queja o queja anónima podrá promover
acción jurisdiccional, penal, disciplinaria, fiscal, o
actuación de la autoridad administrativa competente (excepto cuando se acredite,
por lo menos sumariamente la veracidad de los hechos
quejados) o cuando se refiera en concreto a hechos o
personas claramente identificables. Lo que usted debe tener en cuenta para formular una queja
Primero envíe la información sobre el hecho sobre el que desea quejarse,
de la manera más completa y exacta posible, a través de
la sección “Atención al
Ciudadano” de la página web del Ministerio de Educación Nacional.
Luego, para que su queja pueda ser
enviada, diligencie los campos marcados
con el asterisco. Cuando complete los datos,
haga clic en Enviar. Por favor, si tiene
pruebas (documentos originales, fotocopias, fotografías,
videos o grabaciones en audio), relaciónelas en la
casilla correspondiente y adjúntelos como documento
anexo o envíelas al Fax número 2220206, o por
correo, a la Calle 43 No. 57 – 14, CAN,
Bogotá; indicando el número de
radicación de la QUEJA que le asigne el
sistema. No olvide que sus
QUEJAS, también puede presentarlas personalmente
en la Calle 43 No. 57 – 14,
CAN, Bogotá D.C., al Telefax 2220206 o a la línea
gratuita 01 – 8000 – 910122 o enviarlas por
correo a esta misma dirección.
Requisitos para hacer una queja
Para que su queja tenga el
trámite correspondiente es necesario que cumpla
con los siguientes requisitos: Debe tener fundamento
Que sea respetuosa, seria, objetiva y que amerite
credibilidad
Que se encuentre soportada en medios probatorios suficientes
que permitan iniciar la acción de oficio. Medios por los cuales se reciben las queja
Por correo, a la Calle 43 No. 57
– 14, CAN, Bogotá D.C. o
Telefax: 2220206 o a la Línea gratuita: 01 – 8000 – 910122.
Si usted la quiere presentar personalmente, puede ir
a la Unidad de Atención al Ciudadano,
en la Calle 43 No. 57 – 14, CAN, Bogotá D.C. de
8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes
o en el Buzón de QUEJAS de
la Página WEB. Contra cuáles personas
se deben formular las queja y sobre
qué conductas Tenga en cuenta que las QUEJAS
proceden contra todo servidor público que
labore en el Ministerio de Educación Nacional, sobre
toda acción u omisión que lo lleve a desviarse de
los deberes formales de su cargo o de su
responsabilidad social. Las Veedurías Ciudadanas Estas
son formas a través de las cuales los ciudadanos pueden
ejercer su derecho a la participación en la
fiscalización de la gestión pública, en los
distintos niveles de la administración. A través
de ésta, el ciudadano vigila también los planes,
programas, proyectos y acciones emprendidas por los
entes gubernamentales, la actuación de los
funcionarios públicos y el empleo de los recursos.
La veeduría se ejerce sobre: El manejo de los
recursos públicos empleados en los planes, programas y
proyectos de la administración El desempeño de los
funcionarios públicos en la gestión de los servicios
de la administración El logro de objetivos propuestos
por la Administración, en términos de
eficiencia, eficacia y celeridad. Para que
usted ejerza una buena veeduría se le
recomienda tener en cuenta: Residir o estar
trabajando en la ciudad donde se ubica el
proyecto o actividad objeto de vigilancia o control
Tener algún grado de conocimiento en relación con
el objeto de la veeduría. La veeduría ciudadana
la puede ejercer sobre la Contratación y en especial
sobre los Contratos que un particular realice con el
Estado, ya que estos son documentos públicos, que usted
como ciudadano puede solicitar en cualquier momento
para revisar si se cumplió con el objeto
estipulado, si se utilizaron los recursos, insumos y
materiales señalados o si hubo transparencia en la
elaboración y ejecución de los servicios. Recuerde
que esta facultad está estipulada en el artículo 66
de la Ley 80 de 1993, que dice: “Todo contrato que celebren las instituciones del Estado, estará
sujeto a la vigilancia y control ciudadano”.
Esto garantiza que los recursos
se ejecuten conforme a lo programado y que
las obras queden bien realizadas. A continuación
se relacionan algunos datos que usted debe tener
en cuenta cuando se va a revisar cualquier
contrato: Las partes del contrato El objeto
El Valor Procedencia de los recursos
para la ejecución del Contrato
Lugar de ejecución del contrato Fecha de Inicio y finalización
Quién ejecuta el contrato
Qué tipo de servicio es
el que se ofrece Así mismo, se le
recomienda consultar la Ley 80 de 1993, antes
de iniciar la revisión de los contratos, con el fin de tener más elementos de
juicio. Los contratos que suscribe el Ministerio de
Educación Nacional se encuentran
en la sección de Contratación,
en la siguiente dirección electrónica:
www.mineducacion.gov.co Recuerde que los contratos que
un particular realice con el Estado, son documentos
públicos, que pueden ser solicitados en cualquier
momento por usted como ciudadano para revisar si
se cumplió con el objeto estipulado, si se
utilizaron los recursos, insumos y materiales señalados o si hubo
transparencia en la elaboración y ejecución de los
servicios. Para obtener información relacionada con los
contratos del Ministerio de Educación Nacional usted se puede
dirigir personalmente o por correo a la Calle
43 No. 57 – 14, CAN, Bogotá D.C., al
Telefax: 2220206 o entrar a la
Página del Ministerio: www.mineducacion.gov.co en la sección de Contratación.
No olvide que si quiere ejercer una excelente
veeduría puede ampliar la información consultando
la Ley 850 de 2003, mediante la cual se reglamentan
las Veedurías Ciudadanas, para que de esta manera
haga un mejor control social.
Las Audiencias Públicas La Audiencia Pública es
un mecanismo o una instancia de participación.
La ley 489 de 1998, sobre la organización y
funcionamiento de entidades del orden nacional,
establece algunos parámetros para que usted como
ciudadano exprese su opinión
frente a la ejecución de los recursos públicos.
Este surge como un mecanismo que permite recibir
QUEJAS de la comunidad sobre el uso de los recursos
públicos, y a la vez las entidades estatales le
rinden cuentas a la ciudadanía sobre
su gestión.
Cuándo se convocan las audiencias públicas
Cuando la administración lo considere conveniente y
oportuno, para discutir aspectos relacionados con la formulación,
ejecución o evaluación de políticas y programas a
cargo de la entidad, y en especial cuando esté
de por medio la afectación de derechos o intereses
colectivos. Cuando las comunidades y las organizaciones lo
soliciten, sin que la solicitud o las conclusiones
de las audiencias tengan carácter vinculante
para la administración.
Norma sobre Audiencia Pública El marco normativo de
las Audiencias públicas lo puede encontrar en
la Ley 489 de 1998, artículos 32 y 33, Normas sobre
la organización y funcionamiento de las entidades
del orden nacional. La Rendición de Cuentas
La rendición de cuentas es un espacio de
interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía.
Este tiene como finalidad generar transparencia, condiciones
de confianza entre gobernantes y ciudadanos y garantizar el
ejercicio del control social a la administración, sirviendo
además de insumo
para ajustar proyectos y planes de acción para su realización.
Objetivos de la Rendición de cuentas Cuando usted
como ciudadano vaya a participar en una jornada de rendición
de cuentas, tenga en cuenta que estas
sirven para: Fortalecer el
sentido de lo público
Recuperar la legitimidad para las Instituciones del Estado
Facilitar el ejercicio del control social a la
gestión pública Contribuir al desarrollo de los principios
constitucionales de transparencia, responsabilidad,
eficacia, eficiencia e imparcialidad y
participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos
Constituir la estrategia en un espacio de
interlocución directa entre los servidores públicos y
la ciudadanía, trascendiendo el esquema de que esta es sólo
una receptora pasiva de informes de gestión
Servir como insumo para ajustar proyectos y planes de acción de
manera que responda a las necesidades y demandas
de la comunidad.
Otros mecanismos de Participación Ciudadana
Para que los ciudadanos ejerzamos plenamente la participación,
la Ley 134 de 1994 desarrolla otras herramientas
o mecanismos de participación ciudadana
establecidos en la Constitución. Esta ley, llamada
de los mecanismos de participación, regula la
iniciativa popular legislativa y normativa; el
referendo; la consulta popular, del orden
nacional, departamental, distrital, municipal y local;
la revocatoria del mandato; el plebiscito y el
cabildo abierto y establece las normas fundamentales por las que
se rige la participación democrática de las organizaciones civiles.
Los presentamos todos como una forma de aportar al conocimiento
de los ciudadanos, aunque es claro que no todos pueden
ser usados frente al
Ministerio de Educación Nacional. La
Iniciativa popular legislativa y normativa
ante las corporaciones públicas Es el derecho
político que ejerce un grupo de ciudadanos, al
presentar un proyecto de acto legislativo y
de ley ante el Congreso de la República, de
Ordenanza ante las Asambleas Departamentales, de Acuerdo
ante los Concejos Municipales o Distritales y de Resolución
ante las Juntas Administradoras Locales y demás resoluciones de las
corporaciones de las entidades territoriales.
De acuerdo con las leyes que las reglamentan, estos
proyectos se presentan para que sean debatidos y
posteriormente aprobados, modificados o negados por la corporación pública correspondiente.
El Referendo Es la convocatoria que se hace al
pueblo para que apruebe o rechace un
proyecto de norma jurídica o derogue o no una
norma ya vigente. Este puede
ser nacional, regional, departamental, distrital,
municipal o local. El Referendo derogatorio Es el
sometimiento de un
acto legislativo, de una ley, de una
ordenanza, de un acuerdo o de una resolución local en alguna de
sus partes o en su integridad, a
consideración de los ciudadanos para que estos decidan si lo derogan o
no. El Referendo aprobatorio Es el sometimiento de un
proyecto de acto legislativo, de una ley, de una
ordenanza, de acuerdo o de una resolución local, de
iniciativa popular que no haya sido adoptado
por la corporación pública correspondiente, a
consideración de los ciudadanos para que estos decidan
si lo aprueban o lo rechazan, total o
parcialmente. La Revocatoria del mandato Es
un derecho político, por medio del cual los
ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde.
El plebiscito Es el pronunciamiento del
pueblo convocado por el Presidente de la República,
mediante el cual apoya o
rechaza una determinada decisión del Ejecutivo.
La Consulta popular Es la institución mediante
la cual, una pregunta de carácter general sobre
un asunto de trascendencia nacional,
departamental, municipal, distrital o local, es sometida por el
Presidente de la República, el gobernador o el
alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que
éste se pronuncie formalmente al respecto. En todos
los casos, la decisión del pueblo es obligatoria. Cuando
la consulta se refiera a la conveniencia de convocar
una asamblea constituyente, las preguntas serán sometidas
a consideración popular mediante ley aprobada por el
Congreso de la República. El Cabildo abierto Es
la reunión pública de los concejos distritales,
municipales o de las juntas administradoras locales, en la cual los
habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir
asuntos de interés para la comunidad.
Normatividad sobre los Mecanismos de participación
Contenido de la Ley 134 de 1994, que
desarrolla los mecanismos de participación ciudadana.
Más mecanismos Existen otros mecanismos como la Acción
de Cumplimiento y la Acción de Tutela, que
usted como ciudadano puede interponer cuando considere
vulnerados sus derechos. La Acción de Cumplimiento
está reglamentada en la Ley 393 de 1997 y
la Acción de Tutela en el Decreto 2591 de 1991.
Así mismo, el Ministerio ha creado un enlace para
que usted opine sobre los Proyectos
de decreto o de ley que este está impulsando.
Actividad.
Resaltar los 10 puntos mas importantes de este documento con su
ejercicio profesional.
