El Estado Colombiano: ¿Crisis de Modernización o Modernización Incompleta?

El Estado Colombiano: ¿Crisis de Modernización o Modernización Incompleta?

  Francisco Leal Buitrago

  Aunque el comienzo de la modernización en los países de América Latina, en particular, y del Tercer Mundo, en general, se presen­tó antes, el contexto de su conceptualización contemporánea aparece con los objetivos de desarrollo del naciente organismo de las Naciones Unidas a raíz de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Como el modelo deseable era el de los países que habían experimentado la Revolución Industrial, el concepto de modernización se subordinó al de desarrollo, suponiendo la meta de la industrialización capitalista. La modernización implicaba una postura pragmática del capitalismo industrial, en la cual la antigua ética política secular de la modernidad (que pretendió la emancipación de la sociedad) fue sustituida por los valores de acumulación de capital y consumo de los bienes de la industriali­zación, con aspiraciones de beneficio común.

Si se tiene en cuenta el tamaño de su territorio, de su población y de su economía, Colombia llegó retardada al proceso latinoame­ricano de modernización. Comenzó pobre y con sus estructuras muy atrasadas, pero pronto recuperó el tiempo "perdido". Las rela­ciones sociales derivadas de la producción y la comercialización del café, las cuales venían en expansión desde el siglo XIX, sirvieron de base para iniciar un rápido avance hacia la organi­zación social capitalista en la década de los años veinte.

A pesar de ciertos cambios institucionales, el cuasi-estado del país, complementado por la Iglesia y el bipartidismo decimonónico, no se adaptó a las nuevas realidades y sucumbió ante la avalancha de cambios, conflictos y violencia que en la década de los años cuarenta desataron sectores de la sociedad como reacción a la modernización. Por eso, el Estado llegó también con retraso a la modernización, cuyo inicio se acordó ritualmente en 1957, con el consenso del Frente Nacional.

Los conflictos que emergieron, pusieron a prueba la capacidad política del Estado en proceso de modernización. Este asumió un papel peligrosamente ambivalente: procurar la estabilización de los sistemas político y económico dominantes, a costa de represar las demandas de la pluralidad de fuerzas sociales configuradas con la modernización. Caminando y multiplicándose con rapidez, en forma fragmentada y dispersa, pero orientadas por una crisis política, las fuerzas sociales de una ambigua sociedad civil sitiaron poco a poco al Estado, a este desafío se enfrenta hoy día el Estado Nacional. Es el desafío a lo que podría ser una modernización incompleta o un ejemplo del fracaso de la utopía de bienestar general postulada por el capitalismo y sus teorías de modernización.

Este ensayo es una interpretación de la formación del Estado capitalista en Colombia, con su modernización y sus crisis, en un intento de confirmación de una tesis central. Ella plantea la subordinación, estructural y a largo plazo, del desarrollo político con respecto al económico, o, en otras palabras, la adecua­ción de las relaciones políticas a los objetivos de la acumula­ción capitalista. Con racionalidades distintas pero complementa­rias, los
sistemas político y económico dominantes han mantenido su estabilidad, en desmedro del avance de las formas económicas subsidiarias y de la estabilidad de las expresiones políticas subordinadas. El Estado ha sostenido una tendencia antiinterven­cionista, tanto en lo económico como en lo político. Pero hay intervención estatal cuando se pone en peligro la estabilidad de los sistemas económico y político, o la de los privilegios esta­mentales precapitalistas que aún sobreviven. La multiplicación de la violencia ha sido el resultado más visible del proceso de modernización.

El ensayo se desenvuelve a través de cinco secciones. La prime­ra, destaca la formación y consolidación del Estado capitalista, centrado en el cambio de régimen del Frente Nacional, el cual instauró el monopolio de los partidos Liberal y Conservador en la administración del Estado. La segunda sección da cuenta del proceso político transcurrido durante el Frente Nacional, el cual culminó en la coyuntura de 1974 a 1978, que prolongó el monopolio bipartidista en el control del Estado. La tercera sección identi­fica las características del nuevo Estado, una de las cuales, el bloqueo a la participación política impidió el fortalecimiento estatal. Sobre la base de las características del nuevo Estado, la cuarta sección avoca el proceso crítico transcurrido entre 1978 y 1990, que desembocó en una coyuntura similar a la de la finalización del Frente Nacional, en el sentido de definir la situación política. La última sección señala los aspectos políticos más destacados de esa coyuntura hasta el quinto mes de 1991.

1. La formación del pacto político

  Ya bien entrado el siglo XX, un clima de modernización surgió en la sociedad colombiana tras el súbito aumento de los precios del café en el mercado internacional al inicio de la década de los años veinte49. La consecuente monetarización de la economía se apoyaba en los crecientes ingresos cafeteros, en la llamada indemnización norteamericana por la separación de Panamá y en los empréstitos externos de esa década. Ello facilitó cierto avance en la ordenación institucional de un Estado débil suplan­tado en su función de cohesión política por la sectaria competen­cia entre liberales y conservadores. Sobre estas bases y en medio de los problemas económicos causados por la Gran Depresión del año 29, se produjo el primer intento de modernización del Estado. Fue el experimento de la Revolución en Marcha de Alfon­so López Pumarejo a mediados de los años treinta. En contra de la mayoría de los grupos dominantes, básicamente terratenientes, exportadores cafeteros y emergentes industriales, los cuales se unificaron en torno a un proyecto autoritario contra la interven­ción que frenó la mayor parte de reformas, se logró un avance hacia la autonomía económica, la liberalización y la seculariza­ción del Estado50.

Una década más adelante, tras otro repentino aumento de los precios internacionales del café por la culminación de la Segunda Guerra Mundial, irrumpió definitivamente la moder­nización social51. Sobrevino de manera arrolladora, impulsando distintos frentes que se encontraban en curso en una sociedad regionalizada, fragmentada, atrasada, rural y parroquial. Esos frentes eran el comercio de exportación e importación, la indus­trialización y la urbanización, la descomposición campesina y la proletarización. Los cambios estructurales que irrumpieron con la modernización pronto encontrarán la vía del desborde violento de los conflictos52. Esto ocurrió debido a la incipiente forma­ción de la sociedad civil, a la falta de unificación de las clases dominantes y, más que todo, a la carencia de un Estado con capacidad para ejercer mínimamente las funciones de conducción política institucionalizada con participación ciudadana.

De esta manera, con un cuasi-estado que se derrumbaba en sus instituciones53, se traspasó la línea del medio siglo, ensangren­tándola por la violencia que se canalizaba a través de la compe­tencia entre los dos partidos, orquestada por sus jefes naciona­les. Fue la trágica celebración de una centuria de existencia de dos colectividades que, más que partidos, eran intransigentes subculturas políticas. Pero la competencia partidista por el escaso botín burocrático se presentaba en una sociedad en plena ebullición, que transformaba con rapidez su organización. Una sociedad con suficiente diversificación como para conservar sin grandes desajustes un bipartidismo manejado oligárquicamente. El bipartidismo buscaba copar, con el uso de burdas herramientas represivas de un estado artesanal, las mentes de nuevos estratos sociales con la vieja ideología de matrícula sectaria a uno y otro bando. Estaba incapacitado para redefinir, modernamente, sus labores de administrador político de una sociedad apabullante que lo desbordaba.

Pero, a pesar de las demandas de la sociedad para canalizar sus desbordes, no existían condiciones sociales ni políticas para remodelar el Estado. Los dirigentes del bipartidismo se confun­dían con el Estado, como expresión del prolongado ejercicio de un poder oligárquico, vertical y omnímodo. Se pensó redefinir el Estado con un proyecto de reforma de la constitución de corte corporativo, adelantado entre los años 52 y 53 por la dictadura civil inspirada por Laureano Gómez. El proyecto pretendió cambiar el Estado desde arriba para sacar adelante un solo parti­do, el conservador, contra el grueso de la vieja dirigencia bipartidista y las nuevas fuerzas sociales54. El efecto fue el golpe militar del 13 de junio de 1953,  propiciado por una amplia coalición bipartidista, práctica usada en los momentos críticos. El gobierno militar dio una pausa de paz para meditar sobre el tipo de estado requerido por un país que llenaba aceleradamente de campesinos, grupos medios rurales y nuevas capas sociales sus numerosas ciudades.

La solución surgió tras la reanudación de la violencia y la utópica ambición del General Rojas Pinilla de sustituir a un bipartidismo pujante y conflictivo. La fórmula salvadora del Frente Nacional fue el producto de una confrontación de poderes, en la que los jefes del bipartidismo, la dirigencia oligárquica55, hicieron uso excepcional, en 1957, del recurso de moviliza­ción social representado en el denominado Frente Civil. Se llegó a una coalición política que, como nunca antes, prometía ser duradera56. Era el cambio, a fondo, de la vieja lógica política de exclusión burocrática del partido contrario al de gobierno, de la rivalidad en el arbitrario manejo de un escaso botín presu­puestal, del recurso de control social basado en la identidad sectaria entre campesinos y hacendados divididos verticalmente por las divisas partidistas azul y roja. Era el amanecer de una sociedad diferente, que presagiaba mayores cambios y que integra­ba, por vez primera, amplios estratos medios y sectores variados de la población en una decisión trascendental: el pacto político del Frente Nacional.

Como pacto político de mayorías, el Frente Nacional, formu-lado en la Reforma Constitucional, el Frente Nacional de 1957, fue el primero en la historia nacional. Antes de ese acontecimiento, es difícil hablar de "voluntad de las mayorías". Sus efectos crearon el Estado capitalista. Anteriormente, hubo avances para colocar al Estado al servicio de la emergente organización capitalista, particularmente en el año 36 con la "Revolución en Marcha" del presidente López Pumarejo, y amagos en 1953 con el proyecto reaccionario de reforma constitucional durante la dictadura civil de Laureano Gómez. Ninguno de los dos experimentos fue completo, principalmente por el atraso de la sociedad, en el primer caso, y por la falta de unidad política de los grupos dominantes y la ausencia de participación social, en ambas situaciones.

Las condiciones adversas variaron rápidamente desde 1953, gracias a la crisis política generada por la violencia, al temor de su efecto negativo sobre la estabilidad de la economía y a las contradicciones del fallido experimento de solución con el go­bierno militar. Pronto se removieron los obstáculos y se aprove­charon las condiciones favorables para el cambio institucional. Se derivaban de la expansión de las relaciones sociales capita­listas. En estas condiciones, el objetivo de los que promovieron el pacto fue articular un sistema de instituciones estatales que respondiera a las exigencias de una sociedad en proceso de moder­nización acelerada. Pero ésta avanzaba de manera caótica, debido al arraigo de privilegios estamentales de las clases dominantes, los cuales se confrontaban con la falta de regulación política de las relaciones de poder de las emergentes capas sociales.

A pesar de la trascendencia que tuvo, el proyecto nacional de redefinición del Estado y el sistema político no buscó más allá del apaciguamiento de la política bipartidista y el sometimiento de los militares con el fin de restablecer el control político de la sociedad. Ambos objetivos eran necesarios, aunque no suficientes, para enfrentar con éxito los desajustes sociales provocados por el avance del capitalismo. Así mismo, los forjadores del proyecto supusieron, erradamente, por causa de la preponderancia del poder oligárquico a través del bipartidismo, que este último llenaba con creces todas las expectativas de participación de la pobla­ción, por tal razón, ubicaron a los partidos, mancomuna-damente, como garantes y administradores únicos de un proceso que imagina­ban sin mayores conflictos y, por tanto, con capacidad de remode­lar las instituciones de acuerdo con los cambios que ocurrían.

Hasta ese momento, la política, como ejercicio del poder público, estaba monopolizada por el bipartidismo que copaba todos los espacios de la incipiente sociedad civil. Eso había sido posible gracias a que los partidos sustituían funciones de un Estado precapitalista y débil. El atraso de la sociedad, la predominante bipolaridad de clases (terratenientes y campesinos), la tradición autoritaria de una clase latifundista y la subordinación pasiva de las mayorías que ello conllevaba, hacían aparecer a las secta­rias subculturas políticas liberal y conservadora como detentado­ras de una acogida supuestamente nacional. Aunque en forma acelerada, la Nación apenas estaba en proceso de configuración. En estas condiciones, en la fórmula del pacto político se inclu­yó, arrogantemente, como natural, el monopolio bipartidista en el ejercicio del poder.

Sin embargo, el pacto político de mayorías del Frente Nacional ocultaba el trasfondo de lo que lo facilitó: un fructífero creci­miento de la economía y una unidad de propósitos de las emergen­tes burguesías con los viejos latifundistas, para salvaguardar tanto el antiguo orden patrimonial como los generosos resultados de la exportación cafetera y la producción industrial 57. Esos propósitos se habían plasmado a mediados de los años treinta, cuando, por diferentes vertientes, habían enfrentado al "peligro bolchevique", calificativo dado al reformismo de la Revolución en Marcha. Tal unidad de propósitos no había podido concretarse políticamente debido al arraigo del bipartidismo que dividía abruptamente el poder público oligárquico.

Este era el precio que había pagado un cimentado logro en el control social de la población hecho posible por el sectarismo. Por eso, luego del experimento del gobierno militar y el resurgi­miento de la violencia, se necesitaba modernizar y fortalecer el Estado para apaciguar los ánimos, tanto del pueblo como de los jefes políticos, y, a partir de ahí, permitir con el apoyo insti­tucional la prolongación del nuevo y exitoso modelo de desarro­llo. La continuidad de la política económica durante el Frente Nacional fue la corroboración de un modelo balanceado, sin posi­ciones extremas, que buscó un equilibrio a toda costa entre crecimiento e inflación.

Sobre esta base, se construyó la nueva funcionalidad de las instituciones estatales, en un intento de encauzar los conflictos sociales, con la tácita supervisión de la dirigencia oligárquica bipartidista que pretendía de esta manera continuar como árbitro supremo de la sociedad. Se desconocían así las realidades de una sociedad en rápido proceso de diversificación social, con nuevas clases y grupos de intereses, y, por tanto, con una variedad de fuentes de poder. La nueva vida política requería un manejo abierto, democrático, que eliminara no solamente el viejo secta­rismo partidista y los privilegios estamentales, sino que impi­diera el surgimiento de conductas colectivas de intransigencia política.

Los dieciséis años de ejercicio constitucional del Frente Nacio­nal, de 1958 a 1974, cimentaron en el Estado y en el sistema político algunas características estructurales especiales, junto con el cumplimiento de los objetivos iniciales de su proyecto nacional (apaciguamiento de la competencia bipartidista y control del ensayo de autonomía militar) y con los efectos que provocó la ausencia de una proyección democrática. La modernización del aparato estatal y la estabilización de la economía dominante fueron las características de más rápido desarrollo. Pero el monopolio político y el usufructo estatal del bipartidismo fue lo que tuvo mayor incidencia. Contrastaba con su debilitamiento acelerado por la pérdida del sectarismo y, sobre todo, con su falta de representatividad en los numerosos sectores surgidos de la diversificación social. Esto produjo serios desbalances que dieron al traste con la necesaria fortaleza política que requería el Estado para controlar la pluralidad de la sociedad. La debili­dad estatal se reflejó en el recurso oficial de la represión, cada vez que surgían posiciones críticas al sistema.

El objetivo de modernización de la burocracia le dio el perfil a las instituciones de un Estado capitalista resultante del primer consenso con ribetes de proyecto político nacional. Hasta el pacto político, la distribución tradicional de los niveles nacio­nal, departamental y municipal en las tres ramas del poder públi­co cubría todo el escenario burocrático. Además, estos dos últi­mos superaban en número de funcionarios al nivel central o nacio­nal. El conjunto era modesto en volumen y crecimiento, pues escasamente llegaba a los 130.000 empleados públicos en 195758. Por efecto de la nueva organización se invirtieron las tendencias de crecimiento burocrático. Se inició un aumento sostenido del nivel central que superó, entrada la década de los años setenta, a los dos restantes. Fuera de ello, la expansión del conjunto se aceleró significativamente. Ya en el año 72 el número de funcio­narios públicos se acercaba al medio millón y 15 años más tarde al millón59. La ampliación del sistema educativo tuvo gran peso en el proceso.

Pero el crecimiento burocrático no fue solamente cuantitativo, también se presentó diversificación. Paralelamente a la organi­zación tradicional que se amplió con una serie de departamentos administrativos aparte de las áreas electoral, fiscalizadora, y de control, emergió un sector denominado paraestatal o de orga­nismos descentralizados. Estos se establecieron más que todo en el nivel nacional, pero también aparecieron en los otros dos niveles. En pocos años entraron a competir en volumen de presu­puesto y de personal con el esquema tradicional60. Las decenas de establecimientos públicos, las empresas industriales y comer­ciales del Estado y las sociedades de economía mixta completaron el panorama de un complejo aparato burocrático con visos de gran modernidad, pero enredado en su organigrama y sus funciones. Tal complejidad iría a trascender más adelante, al ser usada de manera clientelista en beneficio de la reproducción bipartidista y la corrupción, y en detrimento de la eficiencia administrativa para la que la modernización supuestamente se había establecido61.

La modernización de las instituciones del Estado fue funcional a la necesidad de abrir nuevos espacios sociales y ocupacionales para las nuevas clases, producto del desarrollo del capitalismo. La expansión del gasto público, especialmente del gasto social, fue el soporte y complemento del crecimiento institucional. Del 19 por ciento del gasto público en que habían permanecido hasta mediados de la década de los años cincuenta, los gastos sociales alcanzaron el 32 por ciento en 1978, dentro de un expansivo presupuesto nacional62. De esta manera, la proliferación de estratos, principalmente de las nuevas clases medias, encontró la más importante forma de acomodo en la sociedad. Fue la más efectiva válvula de escape para la inestabilidad social, producto de los cambios estructurales y la violencia. Pero este apoyo para la continuidad de las formas de dominación no correspondió con el que se requería para el fortalecimiento político del Estado. El proceso que se desató con posterioridad a la finali­zación de la alternación presidencial, en 1974, dio al traste con esa necesidad.

La segunda característica que cimentó el ejercicio del Frente Nacional fue la institucionalización de la estabilidad económica alcanzada de hecho con anterioridad. La estabilidad política buscó su contraparte en el manejo de la economía. Sobre la base de las exigencias de racionalidad en el manejo económico por parte de los organismos multilaterales de crédito, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano, el primer gobierno frentena­cionalista creó el Departamento Nacional de Planeación. Pero la innovación mayor se presentó en el siguiente gobierno. Consistió en el paso del control monetario a manos exclusivamente oficiales a través de una Junta Monetaria de carácter técnico. El monopo­lio de emisión permaneció en el Banco de la República, una enti­dad mixta. Se creó, además, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, como control técnico-político de las decisiones del Ejecutivo. Se planteaba, así, la posibilidad de separar las políticas partidista y económica, aunque el ejerci­cio en materia de política económica dependía en buena medida de las decisiones del Ejecutivo y el Legislativo.

La separación de políticas vino a hacerse efectiva a raíz de la necesidad de enfrentar la crisis externa que afrontaba el Estado por causa de la expansión fiscal con que se impulsó inicialmente el reformismo del Frente Nacional. La solución se adelantó durante el tercer gobierno del Frente Nacional, el de Carlos Lleras Restrepo, entre 1966 y 1970. La visión política y el ejercicio tecnocrático de este gobierno quedaron materializados en los resultados que, para el fin que se discute, proporcionó la Reforma Constitucional de 1968 y otras medidas entre las que sobresale el Decreto 444 de 1967, el cual unificó y permitió la regulación de la tasa de cambio internacional y del control de los flujos de capital.

La reforma Constitucional, aprobada finalmente por el Congreso gracias a las prebendas económicas y gremiales que le brindó el Ejecutivo, le quitó la tentación al Legislativo de mezclar la política partidista con la política económica. La Reforma le restó al Congreso iniciativa legislativa y lo limitó en el manejo de los asuntos económicos. En el Ejecutivo quedó la responsabi­lidad del gasto público y la tributación, aparte de que podía legislar transitoriamente a través de la novedosa medida de declarar la "emergencia económica" (artículo 122) cuando la perturbación del orden no fuese de carácter político sino económico. Algo así como un "estado de sitio económico". Se despoli­tizó al Congreso, en el sentido de minimizarle sus funciones institucionales, y la autocracia del Ejecutivo quedó disimulada con el creciente control que, a partir de allí, adquirieron los Congresistas sobre los mecanismos de reproducción del sistema político a medida que su labor se hizo acentuadamente gremial.

La estructura estatal que se desarrolló hubiera sido difícil de lograr de no existir una coincidencia previa de principios en los grupos dominantes estratégicos, como se mencionó. Después de detener las reformas de la Revolución en Marcha, la integración de intereses económicos hizo posible el nacimiento del Frente Nacional y permitió alcanzar la continuidad en el manejo de la política económica. La integración se amplió con la creación progresiva de gremios empresariales, como expresión de la organi­zación social del capitalismo. Fue una defensa frente al avance de la intervención del Estado en la economía; una forma de volcar la intervención a su favor. Por ello, el desarrollo gremial se dio en forma paralela con el avance intervencionista63. Una espe­cie de corporativismo en la sombra que, si bien tiene fisuras y tendencias varias, no transige sobre sus principios fundamenta­les64. Por esta razón de peso, el Estado nacido del Frente Nacional ha fracasado en las reformas cuando sus gobiernos han intentado salirse de la línea predeterminada por la integración de los intereses dominantes. El Estado ha tendido hacia su privatización, al defender no sólo privilegios modernos sino premodernos.

En Colombia no han tenido cabida los "extremismos" en materia de política económica y los gobiernos contemporáneos no se han alejado del "centrismo" ideológico. No han existido, en el sentido estricto de la palabra, modelos de desarrollo, ni modas proteccionistas o neoliberales, estructuralistas o monetaristas. La pauta ha sido una práctica combinación de líneas medias, entre sustitución de importaciones y promoción de exportaciones, entre un poco más y un poco menos de aranceles, entre incentivos y restricciones a la actividad privada, y entre inercia estructura­lista cepalina y monetarismo de organismos internacionales.

En el país no han tenido éxito las políticas sociales o económi­cas que han buscado romper con los patrones de concentración de capital e ingreso que le dan continuidad a la acumulación soste­nida de capital y a los privilegios terratenientes. El ejemplo más sobresaliente es el del fracaso de la Reforma Agraria promul­gada en 1961 dentro del espíritu cepalino y el ímpetu reformista inicial del Frente Nacional. Ella se frenó especialmente con la incapacidad gubernamental de canalizar las inquietudes de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, fundada por el gobierno en 1969, con el complementario acuerdo de Chicoral entre gobierno y terratenientes en 1972, y con las Leyes 4ª y 5ª de 1973 y 6ª de 1975 que legalizaron la contrarreforma agraria65.

Aparte de la frustrada Reforma Agraria y una tenue política redistributiva al inicio del Frente Nacional, solamente hubo un intento débil de redistribución del ingreso durante el gobierno del presidente Barco. Por eso, la redistribución del ingreso entre las varias clases y capas sociales que han emergido ha sido más por obra y gracia del remolino de los cambios estructurales producidos por la modernización y la consecuente dificultad en la estabilización social que por las políticas programadas para tal fin. Ha sido más una redistribución por causa de la aparición de nuevas capas sociales que por la pérdida de unas a favor de otras. El ensanche del sistema educativo ha sido casi el único factor redistributivo. Como lo muestran distintos estudios, la distribución del ingreso continúa como una de las más concentra­das de América Latina, y lo sería más si se tuvieran en cuenta las rentas de capital y la propiedad territorial, sobre todo la rural66.

La misma estructura tributaria del Estado se contrapone a las políticas sociales redistributivas. Sólo desde 1935 el Estado pudo organizar un sistema de tributación directa. Con la moder­nización estatal se abrieron nuevamente las puertas a la tribu­tación indirecta que había reducido su importancia. En 1965 se inició el recaudo por impuesto a las ventas y en la década si­guiente su valor sobrepasó al de la tributación directa. La sofisticación posterior, y gran número de pequeños impuestos, han colocado a la tributación indirecta y a su carácter indiscrimina­do como la fuente principal de los recursos ordinarios del Estado institucional. La resistencia a la redistribución económica se ha reflejado también en las periódicas amnistías y reformas tributa­rias (1960, 1967, 1974, 1983 y 1986).

Además, la concentración de la riqueza y el ingreso guardan rela­ción con el problema del desbalance regional en la modernización social. El sistema institucional del Estado es un reflejo del desarrollo desigual acentuado con el Frente Nacional. El carác­ter centralista del sistema67 provocó un abultamiento de recursos en las entidades ubicadas en los mayores centros urbanos. El deterioro progresivo de la administración local dejó en la mise­ria fiscal a la inmensa mayoría de los municipios, situación agravada por la crisis del bipartidismo. Un mecanismo de compen­sación utilizado para contrarrestar el centralismo de la Reforma del 68 fue el llamado situado fiscal, el cual garantiza la cesión a los municipios de una parte de los ingresos nacionales por impuesto a las ventas68. Aunque posteriormente se amplió la participación durante el gobierno del presidente Betancur con la llamada descentralización del Estado, de ninguna manera soluciona el creciente desequilibrio en el desarrollo regional que, en el fondo, es un subproducto del crecimiento mismo del capitalismo.

Bibliográfica.

Análisis político. Esta revista, del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, sale cada cuatro meses desde 1987. Los 13 números publicados hasta el presente contienen la mejor colección de ensayos sobre política en el país.

ARRIETA, Carlos G. y otros, Narcotráfico en Colombia, Bogotá, Tercer Mundo Editores-Ediciones Uniandes, 1990. Libro útil para apreciar las diferentes dimensiones sociales del problema del narcotráfico.

GALLON, Giraldo, Gustavo (compilador), Entre movimientos y caudi­llos: 50 años de bipartidismo, izquierda y alternativas populares en Colombia, Bogotá, CINEP-CEREC, 1989. La publicación presenta una visión general sobre las principales experiencias políticas alternativas contemporáneas.